La definición de «jurista de reconocido prestigio» y la legitimación activa de las entidades civiles. Comentario a la STS 5059/2023, de 13 de diciembre

Resumen

La sentencia STS 5059/2023 del Tribunal Supremo aborda la impugnación del Real Decreto 926/2022, mediante el cual Magdalena Valerio fue designada Presidenta del Consejo de Estado. Este caso fue presentado por la Fundación Hay Derecho, que cuestionó el nombramiento argumentando que Valerio no cumplía con los requisitos legales de ser un «jurista de reconocido prestigio», tal como lo exige el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/1980. La sentencia tiene una gran relevancia jurídica, ya que por primera vez el Tribunal Supremo define el concepto de «prestigio jurídico», estableciendo que implica una trayectoria profesional de al menos 15 años, reconocimiento público y dominio de la técnica jurídica.
El fallo también analiza la legitimación activa de la Fundación Hay Derecho para interponer el recurso, destacando que su actividad en defensa del Estado de Derecho y la transparencia en la administración pública le otorgan un interés legítimo. Esta decisión amplía el concepto de legitimación activa para organizaciones civiles, permitiéndoles actuar como garantes de la legalidad en los procedimientos administrativos.
Además, la sentencia subraya la necesidad de respetar criterios objetivos y meritocráticos en los nombramientos de altos cargos públicos, asegurando la independencia, profesionalidad y transparencia de las instituciones. Este fallo no solo establece un precedente jurídico, sino que también fomenta un debate más amplio sobre la regeneración institucional, la lucha contra la arbitrariedad y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.