La doctrina del Tribunal Supremo sobre el alcance de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Resumen

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha desarrollado la doctrina del Tribunal Supremo que desde la década de los años ochenta ha considerado la transparencia como un principio constitucional de actuación Administrativa derivada del derecho de acceso a los registros y documentos administrativos del artículo 105 b) CE, siendo el derecho de acceso a la información pública su manifestación más importante.

En este sentido, puede verse a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo cómo este derecho constitucional de acceso a la información pública ha pasado de ser residual y aplicable exclusivamente a determinados procedimientos administrativos a ser, tras la aprobación de la Ley de Transparencia, un pilar fundamental del Estado de obligado cumplimiento para todos los sujetos que en su actuación manejan información pública.

Por esta razón se puede decir que en España se ha elaborado una doctrina de la transparencia, por la más alta instancia judicial, cada vez más cercana a la adoptada en el derecho comparado y en la normativa internacional, regional y de la Unión Europea.