(untitled) (Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 2010)
La conexión de la adjudicación de los contratos administrativos con el cabal cumplimiento de los principios de la contratación pública explica la creciente preocupación por dotar a aquella de la exigible objetividad, con la consiguiente disminución de la discrecionalidad administrativa. De ello dan fe, sin duda, las incesantes reformas normativas que caracterizan la regulación de los contratos del sector público. Sin embargo, es el análisis de la jurisprudencia el elemento más revelador a la hora de explicar esta evolución y sus matices: no en vano el recorrido por la prolija producción judicial pone de manifiesto la necesidad de deslindar los diversos extremos implicados en el proceso adjudicador, que van desde la determinación de los criterios de adjudicación hasta el acto de adjudicación propiamente dicho tras la pertinente valoración de las ofertas presentadas a licitación. La distinta naturaleza de tales operaciones presenta una trascendencia práctica de importancia indubitada, puesto que de aquella dependerá el alcance del propio control jurisdiccional.